viernes, 16 de noviembre de 2018




PROYECTO DE LEY DE “DIVORCIO ADMINISTRATIVO” EN URUGUAY


Cuando la obsesión por disolver el vínculo lleva a plantear procedimientos equivocados.





Por Carlos Alvarez Cozzi



Informa la prensa (https://www.elobservador.com.uy/nota/abogados-contrarios-a-divorcio-exprés-porque-puede-carecer-de-validez-20181114182432) que en la Cámara de Representantes de mi país hay un proyecto de ley a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación que busca transformar el divorcio, que es un proceso judicial de Familia, en un mero trámite administrativo ante la Dirección del Registro de Estado Civil.
Hace ya algunos meses que publicamos nuestra opinión sobre el tema desde el punto de vista académico (https://www.academia.edu/19090799/PROYECTO_DE_LEY_DE_DIVORCIO_ADMINISTRATIVO_EN_URUGUAY)
Lo más grave es que al parecer todos los partidos con representación en Diputados estarían de acuerdo en votar ese proyecto.
En forma muy atinada la Directiva del Colegio de Abogados del  Uruguay ha objetado el mismo ante la Comisión argumentando que en nuestro Derecho positivo el divorcio se trata de un proceso judicial en materia de Familia que sólo podrá tener una sentencia que pase en autoridad de cosa juzgada, y por tanto certeza jurídica,si el mismo es producto de un fallo judicial y nunca de una mera resolución administrativa, por  esencia revocable. Y plantearon: que sucede si como prevé el proyecto la decisión administrativa de divorciarse se revoca o se revierte? Que sucede con la disolución de la sociedad conyugal y con una eventual partición de bienes? Que sucede con los acreedores y un largo etcétera. La certeza jurídica se vería seriamente comprometida!
Así como en su momento nos pronunciamos en contra que el matrimonio fuera celebrado ante notario, por no ser un contrato sino una institución de Derecho de Familia donde no existe la autonomía de la voluntad, y por tanto debe seguir en manos del Registro Civil; debemos de decir que tampoco estamos de acuerdo con sacar el proceso de divorcio de la órbita del Poder Judicial por las razones esgrimidas por el Colegio de Abogados del Uruguay y además porque no se advierte la urgencia en sancionar divorcios exprés estilo Las Vegas, cuando de acuerdo al CGP si los abogados son diligentes, el proceso de divorcio por causal, no insume más que algunos meses. Con las debidas garantías procesales para las partes y sobre todo para los derechos de los hijos, de que su situación haya sido acordada o fijada por la Justicia (art. 167 CC).
Creemos que este proyecto es otra manifestación del relativismo legislativo, que pretende que disolver un vínculo matrimonial es casi igual que hacer un trámite administrativo ante cualquier organismo público! Y no es así porque para empezar la familia tiene protección constitucional, arts. 40 y 41, y sólo un juez está facultado para apreciar si se dan las causales para disolverlo por decisión firme y a su vez tutelar los derechos de los hijos menores en cuanto a su tenencia, alimentos y visitas.
Esperamos que prime la razón y se archive este desastroso proyecto de ley.

miércoles, 29 de agosto de 2018

El fiscal de Pennsylvania denunció que el Vaticano estaba informado de los abusos Cuando los hechos hablan por sí solos. La diferencia con los casos de abusos en Chile


El fiscal de Pennsylvania denunció que el Vaticano estaba informado de los abusos
Cuando los hechos hablan por sí solos. La diferencia con los casos de abusos en Chile

Por Carlos Alvarez Cozzi

El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, ha asegurado este martes que el Vaticano estaba al corriente del encubrimiento de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes católicos en el estado norteamericano, tras tener acceso a una serie de archivos secretos que recogen que varios obispos locales compartieron información al respecto con los líderes de la Iglesia en Roma. (http://catolicos-on-line.frmaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6465%3Aiglesia&catid=35%3Acategoria-noticias&Itemid=20)
Aunque los obispos católicos en Pensilvania negaron sistemáticamente los abusos sexuales a miles de niños ocurridos durante un período de 70 años, -indica la fuente-, documentaron secretamente los casos y frecuentemente enviaban información sobre ellos al Vaticano, según ha afirmado Shapiro a dos programas de noticias.
Shapiro hizo inicialmente las denuncias contra el Vaticano durante una conferencia de prensa del 14 de agosto en la que presentó un informe sobre una investigación de dos años relativa a cómo los clérigos católicos del estado presuntamente preparaban y abusaban de menores de edad, agrega la misma.
La investigación se basó en gran parte en documentos del archivo que eran mantenidos en las seis diócesis del Estado, según ha afirmado el fiscal general de Pensilvania.
«Hay ejemplos específicos en los que cuando ocurría el abuso, los sacerdotes iban, los obispos iban y le mentían a los feligreses, le mentían a las fuerzas de la ley, le mentían al público, pero luego documentaban todo en archivos secretos que compartían frecuentemente con el Vaticano», ha recalcado Shapiro en el programa «This Morning» de la cadena estadounidense CBS.
«Hay ejemplos específicos en los que el Vaticano sabía de estos abusos y estuvo involucrado en el encubrimiento», ha aseverado Shapiro. El fiscal no ha comentado si el Papa Francisco o sus predecesores conocían la información.
La Comisión Nacional de Revisión de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha dicho en un comunicado publicado este martes en las redes sociales que el informe muestra que «la cultura del silencio» ante los abusos sexuales de menores alcanzó a los »más altos niveles de la jerarquía» de la Iglesia Católica, exigiendo cambios, específicamente entre los obispos.
Sin dudas, que se trata de una noticia impactante, confirmada plenamente por los hechos que no se atreve a negar la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos de América, termina indicando la fuente citada.
Cuando el silencio, la “omertá” se confunde con la pruedencia en perjuicio de los niños y adolescentes, es decir, de los más débiles, durante años, es porque la descomposición ética y disciplinaria ha llegado a límites insoportables.
Por ello sería poco creíble además que la Santa Sede, que recibió durante muchos años dichos informes reservados de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América al respecto, no estuviera al tanto de lo que estaba acaeciendo y lo peor, no haya hecho prácticamente nada para evitarlos, adoptando medidas drásticas, como imponían tales delitos.
El episodio reciente de la suspensión del ex cardenal Mac Carrick de Washington, pero actuante impunemante durante demasiado tiempo, implicado en el abuso de seminaristas, confirma el grave desorden que sobre estos temas existía en varios Estados norteamericanos.
Por tanto, les cabe una grave responsabilidad a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y a la Santa Sede, por omisión. Pero la diferencia de este caso con el de los abusos del clero, sucedidos en Chile, sobre lo que ya hemos escrito (http://profdrcarlosalvarezcozzi-cac.blogspot.com/) es que ante el requerimiento de la Justicia de ese país al Vaticano, que dispuso una investigación “in situ” de la situación, el mismo, deberá ahora entregar los antecedentes recabados en territorio chileno por el obispo de Malta, investigador enviado especial del Papa, por ser un acto debido de cooperación en la lucha contra el delito.
Adviértase que si esa investigación vaticana no hubiera ocurrido, la Fiscalía de Chile no hubiera podido solicitar esos antecedentes al Vaticano, toda vez que los eclesiásticos chilenos imputados de abusos no dependen directamente de la Santa Sede sino de las diócesis en las cuales están incardinados, y cuyos responsables son sus respectivos obispos diocesanos residentes en el país trasandino. Disponer la investigación por parte de la Sante Sede, como lo hizo, ahora le obligará a prestar asistencia jurídica internacional en materia penal al Estado chileno, conforme las normas vigentes de Derecho Internacional Penal convencional y de fuente nacional.

miércoles, 1 de agosto de 2018

LA REPUBLICA DE CHILE Y EL ESTADO VATICANO


LA REPUBLICA DE CHILE Y EL ESTADO VATICANO
Puede la Justicia o el Ministerio Público de Chile pedir la declaración testimonial del Papa Francisco, como titular del Estado Vaticano así como el envío de copia de la investigación llevada a cabo por la Iglesia en territorio chileno?
Tras la imputación de los prelados Ezzati, Errázuriz y Goic también está en el punto de mira de la investigación


Por Carlos Alvarez Cozzi (*)

I)                  LOS HECHOS A NIVEL DE LA IGLESIA DE CHILE Y DE LA SANTA SEDE.
Las agencias de noticias se preguntan por estas horas; ¿Podría el Papa tener que testificar por el escándalo de abusos en Chile? La medida, que se antoja extrema, se daría mediante un exhorto, en virtud del cual la Justicia del país austral solicitaría la declaración de Francisco sobre la destrucción de archivos de la Iglesia católica en este país para ocultar casos de abuso sexual.
Una destrucción que el propio Francisco reconoció en la durísima carta que entregó el pasado mayo en Roma a los obispos chilenos, y que motivó la dimisión en bloque de todos ellos. Hasta la fecha, el Papa únicamente ha aceptado cinco de ellas, agrega la fuente.
Preguntado sobre el particular, el fiscal Emiliano Arias, encargado de la investigación sobre la pederastia en la Iglesia chilena, no descartó ninguna diligencia, incluyendo la petición al Papa, "pero las que voy a hacer no me gusta anunciarlas por la prensa".
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, señaló que si el fiscal Arias "quiere conocer algunos procesos que están en posesión de la Santa Sede, tiene que hacerlo" por la vía de un exhorto internacional.
Recodemos que en su visita pastoral a Chile de hace algunos meses, en medio del escándadalo por las protestas populares contra el Obispo Barros de Osorno, finalmente renunciante, que en el pasado había ocultado los abusos sexuales a menores de parte del Pbro. Karadima, actualmente cumpliendo una pena por ello, dictada por la Justicia penal chilena, Francisco había pedido pruebas y afirmado que se trataba de infundios contra el prelado.
Vuelto al Vaticano, y luego de que el Card. Sean O Malley OFM Cap., presidente de la Comsión vaticana que estudia los abusos cometidos por clérigos, relativizó las expresiones del Romano Pontífice en el sentido que más que pruebas, se trata de escuchar a las víctimas de los abusos. Ante ello el Papa pidió perdón por sus expresiones para con las víctimas y se puso en lugar de ellos. Para lo cual, volvió sobre sus pasos y designó al obispo de Malta Scicluna como investigador de la situación in situ. De las miles de fojas de dicha invesigación, que está en poder de la Santa Sede, surgirían probados varios delitos comunes y canónicos. Ante ello Francisco en decisión sin precedentes citó la concurrir al Vaticano hace un par de meses a todos los Obispos trasandinos. En dicha reunión todos los prelados le presentaron sus renuncias y hasta ahora el Papa lleva aceptadas cinco, justamente por haber ocultado o no actuado los mismos diligentemente en este tipo de delicados casos cuando ya en el pontificado de Benedicto XVI se había aprobado un Protocolo de Actuación Episcopal para estos casos, luego del escándalo de los abusos del clero en el arquidiócesis de Boston, que le costó muchos millones de dólares a la Iglesia Católica en indemnizaciones a las víctimas.
Parece que los secretos y predicciones de las apariciones de la Virgen en Fátima sobre esta materia de corrupción dentro de la Iglesia no fallan.
II)              LA JUSTICIA DE CHILE.
Como era lógico de esperar el fiscal del caso, Emiliano Arias, tiene derecho a solicitar como prueba las resultancias de la investigación vaticana. Los obispos de Chile le han respondido a su pedido diciendo que ellas se encuentra en poder de la Santa Sede.
Entonces se podría solicitar por parte de éste, como responsable de la investigación por las denuncias de abusos de menores en contra de clérigos de la Iglesia Católica en Chile, que la Santa Sede entregara copia de las mismas y o que el Papa declarara sobre el tema por exhorto internacional.

III)           LA ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL PROBATORIA.
Entre las medidas de asistencia penal internacional previstas en el Derecho Internacional, se encuentran precisamente la solicitud de documentos y la declaración de personas.
La pregunta es si ello es posible con relación al Papa y al Vaticano.
Y no cabe duda que para el Derecho Internacional, el Vaticano es un Estado y su jefe es el Papa, con lo cual, los actos de asistencia penal internacional son en principio un acto debido.
El Vaticano es observador permanente ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales que elaboran tratados de cooperación penal internacional, como puede ser en este caso la Convención contra la Corrupción de 2003, o la de Palermo de 2000, sobre Delincuencia Organizada,  y su Protocolo Adicional sobre Trata de Personas, o la de OEA, Nassau, sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, que prevén este tipo de cooperación entre los Estados.
También es cierto que los jefes de Estado tienen derecho a declarar por escrito y no ante el Fiscal o el Juez, y el Papa tiene ese “status” jurídico. Incluso podría hacerlo, si quisiera, por videoconferencia, tal como varios instrumentos internacionales lo prevén  desde hace años. Pero y en cuanto al envío de la documentación?. También en principio es un acto debido de cooperación interestatal a fin que las fronteras de los Estados no sean un obstáculo a la prosecución de la Justicia. Como no se trataría de secretos de confesión, según el Derecho Canónico, lo recabado por el obispo instructor del Vaticano entendemos que, por surgir seguramente de ella la existencia de delitos para el ordenamiento jurídico penal chileno, la documentación debería de ser enviada en copia auténtica a la Justicia de ese país, porque resultaría muy difícil pretender alegar que su entrega va contra el orden público internacioal o la seguridad del Estado Vaticano. Excepciones clásicas que habilitan al requerido a no proceder como lo solicita el requirente. En caso que en la documentación existieran declaraciones de víctimas dadas bajo secreto de confesión al obispo instructor, las mismas no podrían ser reveladas en virtud de lo dispuesto por el Derecho Canónico, que es el Derecho de la Iglesia Católica, institución que recabó dicha prueba. (http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM)
Pero por lo demás, nada impide a la Justicia chilena colectar la misma prueba que recabó el Vaticano en su propio territorio y así zanjar cualquier discusión al respecto. Pero insistimos: esto no puede ser argumento para que el Estado Vaticano niegue la asistencia jurídica internacional requerida.

IV)           CONCLUSIONES:
Por tanto concluimos que el Estado Vaticano, como sujeto del Derecho Internacional, debe prestar asistencia y cooperación en este caso como ya lo ha hecho en otros de contenido económico, prevención del lavado de dinero, por ejemplo, a requerimiento de otros Estados integrantes de la Comunidad internacional, cuando es solicitada por los organismos competentes.


(*) Profesor uruguayo de Derecho Internacional Penal

martes, 31 de julio de 2018

CHILE VA POR MAS ABORTO


CHILE VA POR MAS ABORTO

Sigue la táctica conocida: luego de la despenalización se pretende la legalización –aborto libre y como derecho-.


Por Carlos Alvarez Cozzi



El 26 de julio ppdo, la Agencia ACI de noticias, informó que “A menos de un año de que el aborto fue despenalizado bajo tres causales en Chile, un grupo de parlamentarios y el colectivo “Aborto Legal y Seguro” anunciaron que pronto presentarán un proyecto para liberalizar esta práctica.”
El anuncio fue hecho ayer 25 de julio y según sus promotores se reunieron más de mil firmas para que el aborto se pueda realizar sin restricciones hasta la semana 14 de gestación.
La actual ley del aborto fue promulgada el 14 de septiembre de 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, agrega la Agencia de Noticias.
Y la misma recuerda que esta ley permite el aborto en el caso de violación hasta las 12 semanas de gestación, y hasta las 14 semanas si la madre es menor de 14 años.
La ley vigente, al igual que la de 2012 que rige en Uruguay y el proyecto que tiene media sanción en Argentina, no contempla límite de tiempo para las causales de riesgo de vida de la madre e “inviabilidad fetal”, es decir, cuando el “embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal”.
Sobre la pronta presentación de este proyecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, respondió que la postura a favor de la vida del Gobierno del presidente Sebastián Piñera es “invariable” aunque existe la disposición de escuchar la propuesta.
El anuncio del proyecto de aborto libre fue seguido por una marcha masiva en Santiago.
Las participantes utilizaron los pañuelos verdes, prenda que comenzó a usar el colectivo abortista en Argentina en medio del debate del aborto, agrega la fuente.
Al finalizar la marcha, un grupo de desconocidos encendió unas barricadas, lo que obligó a actuar a los carabineros. Producto del enfrentamiento resultaron tres mujeres y un comandante con heridas cortopunzantes.

Advertimos que se cumple lo que tantas veces denunciamos los pro vida. Primero se pide la despenalización del aborto por ciertas causales. Así fue originalmente en algunos países europeos hace algunas décadas: los casos de España e Italia, entre otros.
Luego la agenda del lobby abortista va por más: entonces pide la liberalización total del crimen del aborto. Y lo conceptúa legalmente como un derecho exigible frente al Estado. También esto ha sucedido en varios Estados y como no podría ser de otra manera, el turno ahora es de Chile.
Es la técnica descrita en la Ventana de Overton. (http://www.forumlibertas.com/la-ventana-overton-aborto/)

Decíamos en el artículo citado: En la última etapa de esa técnica sucede esto: Quinta etapa: de los popular a lo político”.

“Es la culminación del proceso. Se ha consolidado todo lo anterior y el Estado permisivo legisla “a piacere” de los grupos radicales feministas, autorizando un aborto libre, sin requisito alguno más que la sola voluntad de la mujer, sin tener que alegar causal alguna. Es la etapa en la que se encuentran ya lamentablemente, muchos ordenamientos jurídicos del mundo.
Y ¿por qué decimos lamentablemente? Porque parece que nadie se ha percatado que el embrión y el feto son de la raza humana, son seres humanos que además están indefensos en un lugar supuestamente seguro como es el vientre de su madre y además son eliminados con premeditación y muchas veces con alevosía. El argumento de que el feto no siente la cureta o la inyección letal es falso y además aunque fuera cierto, que no lo es, con ese falso argumento se podría matar a cualquier ser humano bastando que se le diera antes una anestesia. La cuestión no pasa por sentir o no sentir. El tema es la dignidad intrínseca de todo ser humano a que sean respetados sus derechos como tales, a vivir y a nacer, según las Convenciones universales de Derechos Humanos y lo dispuesto por la gran mayoría de las Constituciones del mundo: el Estado debe proteger la vida naciente.”

Similar secuencia ha seguido el lobby LBGTIQ primero solicitando las uniones homosexuales, como uniones civiles o como conbubinarias,  hasta llegar al mal llamado “matrimonio homosexual”, exigido como derecho.
Y los ya conocidos organismos internacionales y ONGs que financian a todos estos colectivos, hacen a su vez la tarea de financiamiento y de presión a los gobiernos que se resisten a aprobar tales leyes, condicionando el otorgamiento de préstamos o asistencia internacional.
Quedan aún países ejemplares que se siguen resistiendo como Polonia y Hungría en Europa o Paraguay y Perú en América del Sur.
Pero el chantaje es el habitual y conocido y va en aumento.

lunes, 30 de julio de 2018

LA LEY URUGUAYA No. 19.580 DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES Y LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

LA LEY URUGUAYA No. 19.580 DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES Y LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES
Influye lo dispuesto por dicha ley sobre lo regulado en el Convenio de La Haya, la Convención Interamericana o la Ley Nacional de RIM?


Por Carlos Alvarez Cozzi

I)                   LA LEY DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LA MUJER SANCIONADA EN EL URUGUAY.

A fines de 2017 el Poder Legislativo aprobó y el Poder Ejecutivo promulgó la refereida Ley No. 19.580, el 22.12.2017.
No es el objeto de este artículo analizar la ley, que consideramos objetable en varias de sus soluciones. Nos parece necesario proteger a la mujer  cuando es objeto de violencia por parte del hombre o de cualquier otra persona, incluso mujeres, pero lo que es claro es que no se puede alterar el principio constitucional de igualdad de las personas frente a la ley, consagrado por el art. 8 de la Constitución de la República.
Por otra parte entendemos que la ley debería llamarse de violencia contra la mujer y no de “género”, porque ello expresa una posición idelógica que el Estado laico no puede promover como no puede hacerlo tampoco en materia de concepciones políticas o religiosas. El respeto debido a la laicidad está en juego y el Estado no puede violarla en una ley. (http://www.forumlibertas.com/la-laicidad-incompatible-promocion-ideologia-suya/)
En ese artículo nuestro afirmamos:
Ahora bien, cuando a nivel de la Enseñanza Pública se han introducido temas político-partidarios o religiosos proselitistas, nadie ha dudado en Uruguay en calificar esos intentos como de violación de la debida laicidad estatal. Sin embargo, parece no tenerse el mismo criterio cuando de ideología de género se trata. ¿Cuál es la razón? Porque el Estado que no sostiene religión o credo filosófico alguno no debe usar sus aulas en la Enseñanza Pública para enseñar una ideología como la de género, porque también ello viola y groseramente la laicidad.
Los artículos de la Constitución violentados cuando el Estado en una ley adopta como suya una ideología son:
“Artículo 40.- La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.
Artículo 41.- El cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten.
La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso.
Artículo 68.- Queda garantizada la libertad de enseñanza.
La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.
Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.”






II)           LA LEY DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LA MUJER ES UTILIZADA COMO ARGUMENTO PARA SOSTENER QUE LAS EXCEPCIONES DEL ART. 13 PREVISTAS POR EL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES SE DEBEN DAR POR PROBADAS Y EN FUNCION DE LAS MISMAS, LA JUSTICIA NO DEBE HACER LUGAR A LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE UN MENOR.

La restitución internacional de menores está regulada convencionalmente en forma vinculante para Uruguay por el Convenio de La Haya sobre Secuestro Internacional de Menores, de 1980 y por la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989. (Del autor, “Restitución internacional de menores. Relato, antecedentes y ante-proyecto de la Convención Interamericana con vistas a la CIDIP IV-1989 /”, Editorial Universidad.
 La ley nacional sobre el tema (RIM) es la 18.895 de 2012, que rige el procedimiento a utilizar cuando el Uruguay no se encontrare vinculado convencionalmente en la materia con el otro Estado involucrado y para cuando el tratado aplicable carece del mismo, como es el caso del Convenio de La Haya y no la Convención Interamericana, que tiene procedimiento previsto (http://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/304-uruguay-primera-lectura-ley-nacional-proceso-restitucion-internacional)
Dichas normas contienen excepciones similares para la no entrega de los menores al lugar de su residencia habitual una vez que fueron sacados ilícitamente del mismo o retenidos indebidamente luego de sacarlos en virtud de un convenio de vistas homologado judicialmente.
Tomaremos las excepciones reguladas por el art. 13 del Convenio de La Haya:


“Artículo 13
No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que :
a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o
b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.
La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones.
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor.”

Similares redacciones tienen la Convención Interamericana, citada en su art. “Artículo 11
......................... b. Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor pudiere exponerle a un peligro físico o psíquico. Así como la Ley nacional de RIM 18.985, Artículo 15. Oposición de excepciones.- La defensa del demandado deberá realizarse en escrito fundado al que deberá acompañarse de toda la prueba de que haya de valerse. Será válida la oposición cuando se exprese y demuestre que:


B)
Existe un grave riesgo de que la restitución de la persona de menos de dieciséis años de edad la exponga a un peligro físico, psíquico o que de cualquier otra manera ponga a la persona en una situación intolerable.

Incluso, digamos de paso también que recientemente, la Suprema Corte de Justicia aceptó en más de un caso con sentencia firme, revisar restituciones internacionales de menores, en forma ilegal, toda vez que por le Ley 18.895, art. 24, en Uruguay, las restituciones internacionales de menores no tienen más que dos instancias. (Ver comentario de jurisprudencia del autor en ADCU No. 48 donde se analiza el caso citado).



III)         CONCLUSIONES.
Claramente la excepción para la no restitución internacional del menor del lit b) de estos artículos transcriptos, aluden a riesgo de que la restitución exponga al menor a un peligro físico o síquico grave o lo expusiera a una situación intolerable.
Es evidente que las mismas se refieren al menor y no a la madre aunque ésta hubiere sugrido violencia doméstica e incluso ello estuviere probado. Lo que ni siquiera está previsto en dichas normas.
Algunos han dicho que la violencia contra la madre repercute en sus hijos y ello puede ser así o no. Pero lo que es claro que para las normas de restitución internacional de menores no constituue excepción para la entrega de los niños al Estado de su residencia habitual, de la que fueron sacados o retenidos ilícitamente, la existencia o presunción de violencia contra la madre, persona distinta a la del menor.

Es claro que además de la letra de los antecedentes del Convenio ello fue así (art. 33 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ratificada por Uruguey, que rige la interpretación de los mismos).
Por otra parte, el art. 27 de dicho tratado establece un Estado no podrá de aplicar un tratado alegando que su Derecho interno difiere del mismo, porque se reconoce la superiorirdad jerárquica del tratado frente a la ley interna.

De todo ello venimos a colegir que no podrá un juez dar por probada la excpeicón del art. 13 lit. b) del Convenio de La Haya o sus similares de la Convención Interamericana invocando la Ley de Violencia Doméstica uruguaya. Sino que tal prueba deberá de producirla efecivamente la persona que retiene al menor, para no entregarlo.
Primero por la razón de jerarquía normativa que acabamos de ver. Y segundo, la excepción para la no restitución del menor al Estado de su residencia habitual es un acto debido y la regla, sólo es suspendible si se acredita lo previsto por el lit.b) del Art. 13 o sus similares en las otras fuentes normativas, es decir peligro físico o síquico para el menor, no entrando en esta situación la madre ni si la misma fue o no objeto de violencia doméstica.

Y en el caso que por falta de tratado entre los Estados vinculados debiera aplicar el Uruguay en la restitución pasiva, lo dispuesto por la Ley 18.895, como la Ley de Violencia de Género 19.580 es posterior a la de RIM, tampoco podría sostenerse que ésta modificó aquélla, toda vez que, en mérito a criterios interpretativos indiscutidos, la ley general no deroga lo dispuesto en la ley especial o particular.
O sea que también en este caso deberá de probarse la excepción para la no restitución internacional del menor a su centro de vida.

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jueves, 19 de abril de 2018

Mis articulos

Verlos en:
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lunes, 2 de abril de 2018

LA NUEVA LEY URUGUAYA No. 19.574, INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL PENAL


LA NUEVA LEY URUGUAYA No. 19.574, INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL PENAL
Análisis de los aspectos regulados sobre cooperación jurídica internacional y extradición



Por Carlos ALVAREZ COZZI


I)                   INTRODUCCION.

La nueva norma,  Ley No. 19.574 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el  20/12/2017 y publicada el 10/01/2018. Y es básicamente un compendio de la normativa ya existente en el país sobre la materia, con algunas modificaciones y agregados. El proyecto fue impulsado por la SENACLAFT, (Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. (https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19574-2017)
         La iniciativa respondió a la necesidad de unificar en una sola ley toda la normativa existente hasta la fecha en diversas normas, según se indicará seguidamente. En efecto, a la fecha ya se habían aprobado y estaban vigentes en el Uruguay sobre la temática el Decreto Ley No. 14.294 sobre Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, que incluía artículos sobre lavado, y las Leyes No. 17.835, 18.494, 18.914, y 19.149, éstas sí propiamente sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como figura autónoma en nuestro Derecho.
Esta legislación no fue producto de un esfuerzo nacional aislado sobre el tema sino consecuencia de políticas institucionales de combate al crimen organizado trasnacional que a partir de 2005 supusieron la creación de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos,  como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, al desgajarsse de la Junta Nacional de Drogas, donde primero institucionalmente se previó su funcionamiento, luego transformada en servicio descentralizado SENACLAFT;  así como de la transformación de Interpol en Dirección de Crimen Organizado e  Interpol a nivel del Ministerio del Interior, en lo atinente al Poder Ejecutivo. Y a nivel de la Justicia, la creación de los dos Juzgados Letrados de 1ª. Instancia en lo Penal Especializados contra el Crimen Organizado, en el Poder Judicial y de sus fiscalías correspondientes a nivel del Ministerio Público, luego reducida a una sola por la actual Fiscalía General de la Nación.
Es que ya a nivel internacional, con la aprobación en 1988 por Naciones Unicas en Viena, de la Convención contra el tráfico ilíicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, así como de la Convención de Palermo de 2000 contra el Crimen Organizado Trasnacional, como de las Convenciones de 1996 contra la Corrupción de OEA y sobre la misma materia en 2003 a nivel de Naciones Unidas, todas ratificadas por el país, se le hacía imposible a Uruguay permanecer al margen del combate de este fenómeno delictivo internacional, sin aprobar normativa de fuente nacional.
Así, a nivel nacional, se aprueba el DL 14.294 contra el tráfico ilítico de los Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, (https://www.impo.com.uy/bases/decretos-ley/14294-1974/1) que regula los delitos sobre la temática, la Ley 17.060 contra la Corrupción(https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3594830.htm),  y las diversas leyes contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ya citadas, una vez que el delito se consideró como una figura penal independiente.
Pero a pesar de todas esa normativa, no tenía el Uruguay procesamiento alguno por dichos delitos hasta que a partir de 2005 con el trabajo de los organismos públicos citados, del Ejecutivo y del Judicial, empezaron a darse los primeros procesamientos y condenas en relación a este delito que tanto perjudica a las economías de los países y a la salud de los negocios jurídicos nacionales e internacionales. La situación anterior era crítica porque el Uruguay en las primeras visitas de GAFISUD, así como por parte de OCDE, había sido observado al respecto y llegó a estar en lista gris del último organismo, que le exhortaba a suscribir convenios de internacambio de información con países relevantes, lo que poco a poco se fue cumpliendo por nuestro país. No obstante, corresponde aclarar que en lo internacional, desde el punto de vista jurisdiccional, el Uruguay siempre fue un país cooperante, lo que fue reconocido por GAFISUD en sus varias visitas al país.

II)                LA NUEVA SENACLAFT.
Por Ley No. 19.355, de 2015, art. 49, se transforma la Secretaría Nacional Antilavado en Servicio Descentralizado del Poder Ejecutivo
(https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19355-2015/49), otorgándose por el mismo artículo, las competencias que se indican, que por su importancia, transcribiremos:



   La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo mantendrá los cometidos asignados a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, además de los siguientes:

   “1)   Coordinar la ejecución de las políticas nacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en coordinació con los distintos organismos involucrados.

   2)   Coordinar y ejecutar, en forma permanente, los programas de
        capacitación definidos por la Comisión Coordinadora contra el
        Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo destinados a:

        A)     Personal de las entidades bancarias públicas y privadas y demás instituciones o empresas comprendidas en los
artículos 1° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley
               N° 18.494, de 5 de junio de 2009 y 2° de la Ley N° 17.835,en la redacción dada por el artículo 50 de la presente ley.

        B)     Los operadores del derecho en materia de prevención y
               represión de las actividades previstas en la ley
               mencionada en el literal anterior (Jueces, Actuarios y
               otros funcionarios del Poder Judicial, Fiscales y Asesor del Ministerio Público y Fiscal).

        C)     Los funcionarios de los Ministerios del Interior, de
               Defensa Nacional, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores.

               La capacitación podrá hacerse extensiva a los funcionarios
               de todas las entidades públicas o privadas relacionadas
               con la temática del lavado de activos y el financiamiento
               del terrorismo.

   3)   El control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado
        de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los
        sujetos obligados por el artículo 2° de la Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo 50 de la presente ley. A tales
efectos el órgano de control dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización y especialmente
podrá:

        A) Exigir a los sujetos obligados por el artículo 2° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por
los artículos 1° de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009 y
50 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y a todos
aquellos sujetos que hayan tenido participación, directa o
indirecta, en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o investigando, la exhibición de todo tipo de documentos,
propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar la información que esta solicite.

           La no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas
           aparejará la aplicación de una multa de acuerdo con la escal establecida por dicho artículo.


        B) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados y por todos aquellos sujetos que hayan tenido participación, directa o indirecta, en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o investigando.
 
           Solo podrán inspeccionarse domicilios particulares con previa orden judicial de allanamiento.

           A todos los efectos se entenderá como domicilio válido del
sujeto obligado el constituido por el mismo ante la Dirección General Impositiva (DGI). En caso de sujetos obligados no
inscriptos en la DGI, se estará al domicilio que se proporcione
por la Jefatura de Policía Departamental que corresponda.
  
           Deróganse todas las normas que en virtud del artículo 2° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada
por el artículo 1° de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009, hayan encomendado cometidos a cualquier otro organismo del
Estado.(*)

   4)   Suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales para el cumplimiento de sus cometidos, a cuyo efecto recabará previamente la conformidad de la Presidencia de la República.(*)

   La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo estará a cargo de un Secretario Nacional, quien diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El mismo será designado por el Presidente de la República, debiendo ser persona de reconocida competencia en la materia.

   El Secretario Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

   A)   Convocar a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

   B)   Supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para elfuncionamiento de dicha Comisión Coordinadora.

   C)   Comunicarse y requerir información de todas las dependencias del Estado para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Comisión
        Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo. Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán brindar
toda la información solicitada en el plazo más breve posible.

        Los entes autónomos y servicios descentralizados colaborarán con las solicitudes formuladas.

   D)   Promover y coordinar las acciones referidas al problema de lavado de activos y delitos económico-financieros relacionados y el
financiamiento del terrorismo.

   E)   Implementar las actividades de capacitación en la materia,
coordinando programas y convocatorias con el Poder Judicial, los Ministerios de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, del
Interior y de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y Fiscal y demás organismos y entidades públicas y privadas que corresponda.

   F)   Promover la realización periódica de eventos que posibiliten la coordinación de acciones y la unificación de criterios entre las
distintas instituciones públicas y privadas involucradas en la
temática del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

   G)   Actuar como Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y asumir la representación del país ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la Organización de Estados Americanos y demás organismos especializados en la materia.

   H)   Procurar la obtención de la cooperación necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en materia de capacitación y difusión, coordinando acciones a estos efectos con organismos y entidades nacionales e internacionales.”

Puede observarse que en relación a la antigua Secretaría Nacional Antilavado de Activos dependiente directamente primero de la Junta Nacional de Drogas y luego de la Secretaría de la Presidencia de la República, esta nueva norma que le dió descentralización a su vez, le acrecentó a la SENACLAFT sus competencias y poderes jurídicos, pudiendo inspeccionar a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas indicados en la ley así como a aplicar sanciones. Facultades de las que carecía con anterioridad. Mantuvo naturalmente las competencias de asesor del Poder Ejecutivo en la materia así como de los juzgados penales que le requirieran su participación.
Asimimo ya se imponía ampliar algunos delitos precedentes así como a otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado por parte de éstos.
Hasta la aprobación del nuevo CPP el sistema penal uruguayo contra el lavado era el citado en nuestro trabajo (http://pensamientopenal.com.ar/doctrina/40978-sistema-penal-uruguayo-combate-delitos-organizados-transnacionales-especial)
Lamentablemente, el nuevo Código del Proceso Penal uruguayo carce de normativa de fuente nacional general en materia de asistencia penal internacional.

III)        LA NUEVA LEY 19.574 DE 2017.

El proyecto fue aprobado por todas las bancadas legislativas (https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19574-2017), en tanto lo que buscaba básicamente era reunir en una sola norma, todo lo regulado por las anteriores en forma aluvional, como pasa con tantos otros temas en Uruguay.
Pero lo que estalló a principio de 2018 fue el discutido art. 79 de la ley que expresa que deroga todas las leyes anteriores reguladoras del delito de lavado de activos, porque pasaban a fusionarse en la nueva.
Ese no era evidentemente el espíritu de la norma ni la intención de los legisladores, sino sustituir esas normas anteriores por la nueva ley como una especie de compilación de todas ellas. No entraremos en la discusión desatada, pero la palabra a usar por el art. 79 de la ley debió de ser sustitúyase porque la expresión deróganse ahora es usada por los abogados defensores para argumentar que se extinguieron los delitos previstos en esas normas y caerían los procesamientos,  las causas y en su caso las condenas contra sus clientes, debiéndose devolver todos los bienes incautados. Es tan ridícula la pretensión que confiamos en que el Poder Judicial no haga lugar a ello pero también hay que expresar concomitantemente que la técnica legislativa usada no fue buena.

IV)        LA LEY 19.574 Y LA COOPERACION JURIDICA PENAL INTERNACIONAL.

Pero nuestro trabajo no apunta a este tema sino a analizar la normativa sobre cooperación jurídica internacional prevista por la nueva ley en sus arts. 68 a 79, en el último capítulo de la norma, el IX.

El art. 68, que no supone novedad alguna con respecto a lo ya previsto en normas anteriores, dispone que los pedidos de asistencia provenientes del exterior, librados por autoridades competentes (sean judiciales o fiscales, según cada Derecho interno, no lo expresa pero es así), sean de mero trámite, prueba, o cautelar (inmovilización, confiscación, decomiso o transferencia de bienes), serán cursadas vía autoridades centrales, a quien indica erróneamente en Uruguay como Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del MEC, cuando el órgano se denomina hace años  Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional. Así lo disponen los tratados internacionales arriba citados, por lo que es una solución correcta. Lo que no se comprende bien es por què dice que los pedidos de asistencia jurídica internacional recibidos por el Uruguay, la autoridad central los remitirá para su diligenciamiento a autoridad jurisdiccional o administrativa, de acuerdo a nuestro Derecho interno. Porque en el mismo, sólo los órganos jurisdiccionales o en algún caso, los fiscales, según el nuevo Código del Proceso Penal, pero que no son administrativos, tienen competencia para diligenciar dichos pedidos de asistencia.
Advertimos que en ausencia de tratado, la ley nacional debió de establecer también que los pedidos de asistencia nacionales deberán transitar esta vía de cooperación penal internacional, lo cual no está expresado en el artículo comentado, que sólo prevé la situación de pedidos recibidos por Uruguay desde el exterior.
El art. 69 de la ley preceptúa, en solución clásica, que las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional recibidas del exterior, que lleguen al país por la vía autoridad central pero también por la diplomática o consular o incluso directamente, quedan eximidas del requisito de legalización (debió agregarse o apostillado), deberán ser acompañadas de la documentación anexa correspondiente. En su caso deberá adjuntarse traducción al idioma español. Se advierte que se omitió prever, como ya lo tiene regulado nuestro país en varios tratados internacionales de los que es parte, el adelantamiento del pedido en casos de urgencia vía correo electrónico común o por los sistemas de IberRed o el sistema groove de OEA, y posteriormente, en el plazo que se prevea, debe llegar la documentación autógrafa.
Si la voluntad de la norma era que se usara la vía autoridad central,  nos parece bien que también puedan llegar las solicitudes por las otras vías indicadas, porque amplía la cooperación. Pero observamos que ello debió referirse en el propio art. 68.
El art. 70 establece los requisitos que deberá de controlar el órgano nacional competente para el diligenciamiento del pedido de asistencia. (Literales a) a c). Son requisitos básicamente de tipo documental.
El art. 71 en cambio, va al fondo, y exige para que el órgano nacional preste la asistencia, que exista doble incriminación en todos los casos. Es decir que la conducta incriminada por el órgano solicitante sea también delito en Uruguay. Esto nos parece bien en las medidas coercitivas de tipo cautelar pero nos parece incorrecto exigir la doble incriminación para medidas de bajo o nulo impacto en el país rogado, como son las de mero trámite (notificaciones, citaciones) o probatorias. Nos parece que ello limita grandemente la cooperación en forma innecesaria. Al no distinguir la norma, la exigencia del requisito de la doble incriminación se debe de observar en todos los casos por parte del órgano nacional rogado. Eso no es lo previsto por otras normas vigentes para nuestro país.
Así la Convención Interamericana de Asistencia Jurídica Mutua en Matria Penal de Nassau, Artículo 5. DOBLE INCRIMINACION, dispone:
“La asistencia se prestará aunque el hecho que la origine no sea punible según la legislación del Estado requerido.
Cuando la solicitud de asistencia se refiera a las siguientes medidas: a) embargo y secuestro de bienes; y b) inspecciones e incautaciones, incluidos registros domiciliarios y allanamientos, el Estado requerido podrá no prestar la asistencia si el hecho que origina la solicitud no fuera punible conforme a su ley.”

El art. 72 no agrega nada nuevo. Exige que el pedido de asistencia que solicite medidas en relación a bienes embargados, secuestrados o que solicite entrega de los mismos, venga acompañado de la documentación e información correspondiente. Y que las medidas se someterán a la ley procesal y sustantiva nacional, o sea a la del Estado rogado.
El art. 73 prevé la excepción de orden público, cuando las solicitudes afecten en forma grave, concreta y manifiesta éste así como la seguridad o inereses esenciales de la República. Es una solución clásica y responde a lo intereses del Uruguay como Estado soberano, los que deberán de ser apreciados por la autoridad nacional requerida.  Esta excepción está prevista por el art. 5 de la Convención de Normas Generales de Derecho Internacional Privado y en otros instrumentos de Derecho Internacional Penal ratificados por la República así como en normas de fuente nacional citadas más arriba. En esos casos, los pedidos de asistencia pueden ser rechazados por las autoridades nacionales competentes.
El art. 74 prevé una normas que tampoco son novedad en nuestro ordenamiento jurídico. Las autoridades extranjeras ni los particulares, podrán llevar a cabo en territorio uruguayo, actuaciones que conforme a la normativa nacional, sean competencia de las autoridades del país.
El art. 75 prevé que las autoridades rogadas nacionales podrán solicitar ampliación o aclaración de datos insuficientes o confusos, previo a tomar decisión sobre los pedidos de asistencia. Cursarán las mismas vía autoridades centrales.
El art. 76 refiere a extradición y el mismo nada agrega a lo previsto por el Código del Proceso Penal en ausencia de tratado o a lo regulado por los tratados internacionales multilaterales, regionales o bilaterales que la prevén. En especial los atinentes a Crimen Organizado Trasnacional arriba individualizados.
El art. 77 establece que la ley uruguaya es la aplicable para regular eventuales responsabilidades por daños que pudiera causar el cumplimiento de los pedidos de asistencia penal internacional extranjeros, pudiendo a su vez el país repetir contra los Estados requirentes las indemnizaciones que pudieran emanar del diligenciamiento referido. También es una solución clásica prevista por otros instrumentos internacionales en materia penal de los cuales el Uruguay es parte.

V)                CONCLUSIONES.
Como balance la nueva norma, marcamos como positivo unificar en una sola ley todas las anteriores que se sustituyen, más las modificaciones realizadas básicamente en materia de poderes de la SENACLAFT así como de ampliación de sujetos obligados de operaciones sospechosas. Y como negativo, la mala redacción del art. 79 arriba comentado, sustitución en lugar de derogación se debió expresar a fin de evitar todos los problemas de vigencia originados.
En lo atinente propiamente a la cooperación penal internacional en general la normativa es correcta con los defectos apuntados, en especial el no haber regulado los pedidos nacionales de asistencia jurídica internacional salientes en ausencia de tratados, máxime que el nuevo CPP nada establece al respecto y la exigencia de doble incriminación para las medidas de mero trámite y probatorias por parte de Uruguay, que es innecesaria, porque no afecta prestarla  al Estado uruguayo y dificultan la cooperación jurídica internacional, favoreciendo la impunidad, en un mundo que más que nunca necesita de la asistencia para el combate interestatal de este flagelo del lavado de activos que afecta a las economías sanas de los Estados.

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