Por Prof.Dr. Carlos Alvarez Cozzi (·)
En octubre, con la
elecciones nacionales de Uruguay, se habrá de plebiscitar constitucionalmente
la baja de edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años junto con otras medidas
vinculadas, en proyecto impulsado por Vamos Uruguay del Partido Colorado y por
Todos hacia adelante del Partido Nacional.
El proyecto a plebiscitarse fue la única opción que a los
impulsores le quedó frente a la negativa del oficialismo mayoritario en ambas
Cámaras del Poder Legislativo, que se negó sistemáticamente a considerar el
tema para legislar. El mismo no es para todos los delitos sino para los delitos
graves y responde a la gran ola de inseguridad que asola a nuestro país
producto del decaecimiento de valores, la desintegración familia, el
individualismo y el hedonismo. Busca además que la recuperación de los menores
delincuentes no esté en manos de dependencias del INAU, sino de un organismo
independiente.
Es en realidad un tema de ley y no de
Constitución pero ante la negativa oficialista a considerar el tema, los
sectores legislativos de la oposición que lo promueven, no les quedó otro
camino que llevarlo adelante por la vía de la reforma constitucional.
Los contrarios al proyecto sostienen
que el CNA ya prevé a partir de los 13 años y hasta los 18 un sistema de
responsabilidad penal juvenil. A ello los partidarios de la baja de la edad de
imputabilidad penal argumentan que dicho sistema es obsoleto e inseguro y que
en el Derecho Comparado, nada menos que todo el resto de América y los países
europeos, la edad de imputabilidad penal como mayor es a partir de los 16 años
y no de los 18 como marca actualmente el Código Penal uruguayo.
Nosotros
creemos que solo la baja de la edad de imputabilidad penal no arregla el
problema de la inseguridad, dado que el mismo tiene un origen cultural, de
falta de valores y de contención familiar. Pero que es una medida que
acompañada de otras educativas, contribuirá a bajar los niveles de
criminalidad.
El asistencialismo practicado por los
dos gobiernos de izquierda no ha solucionado este problema sino que más bien lo
agravaron.
No tenemos dudas que en el siglo XXI un joven de 16 años tiene
mucho más conciencia de sus actos que uno de 18 del año 1934 en que se aprobó
en Uruguay el Código Penal. Claro que no compartimos que se tenga
responsabilidad penal como mayor a edades de 9 o 10 años como sucede en algunos
Estados de Europa. Pero
eso no es lo que se plebiscitará en Uruguay sino algo más racional, la baja de
la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, como mayor. Los contrarios a la
baja aseguran que ello no bajará los índices de delincuencia. Nosotros creemos
que la autoridad legítima debe ser ejercida por el Estado. Sí reconocemos que
hace muchos años que el sistema carcelario uruguayo, tal como manda la Constitución , ha
fallado como sistema de recuperación de los delincuentes, en términos
mayoritarios. Lo que sí resulta escandaloso es que los mayores usen a menores
para cometer delitos, porque saben que el sistema de responsabilidad penal
juvenil es endeble y hay demasiados casos de fugas de hogares del SIRPA, el que
además de no ser autónomo del INAU, como plantea el proyecto de reforma
constitucional a plebiscitarse, está actualmente bajo la lupa por violación de
los derechos humanos de los menores allí internados para su rehabilitación. El
pueblo tendrá la palabra en octubre si aprueba o no la reforma en el
plebiscito. No la creemos suficiente
pero si, en lo personal, la creemos necesaria y habremos de votarla por las
razones expuestas.
Catedrático universitario de Derecho Privado en Uruguay
Profesor de Derecho Internacional Penal en Uruguay y en extranjero
Ex experto de Naciones Unidas contra la droga y el delito
Catedrático universitario de Derecho Privado en Uruguay
Profesor de Derecho Internacional Penal en Uruguay y en extranjero
Ex experto de Naciones Unidas contra la droga y el delito
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