Por Carlos Álvarez
Cozzi (·)
En la primera declaración de dicho
organismo, hecha ni bien el gobierno anterior anunciara la legalización del cannabis,
le advertía a Uruguay acerca de la violación de la Convención de Naciones
Unidas de 1961 sobre el tema.
Recientemente agregó: "Ello no
solo repercutirá en la fiscalización de drogas en el Uruguay, sino que también
afectará negativamente a las labores de lucha contra la droga, en particular a
la fiscalización del cannabis, en otros países, sean o no vecinos", dice
el informe de la oficina de la
ONU.
Manifestó, además, "honda
preocupación" por los cambios introducidos durante el gobierno de José
Mujica.
"El Uruguay se ha convertido en el
primer Estado parte en la
Convención de 1961 que ha legalizado la producción, la
distribución, la venta y el consumo de cannabis y sus derivados con fines que
no sean ni médicos ni científicos", agrega el informe.
Y no solamente la medida adoptada por
Uruguay ataca esa Convención de 1961 sino también la de 1988, también de ONU,
sobre Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, que obliga a los Estados parte
a castigar penalmente todos los verbos en lo que tiene que ver con la
producción, suministro y comercialización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Si como acaba de afirmar el nuevo
canciller Nin Novoa, designado por el presidente Tabaré Vázquez, lo jurídico
volverá a estar sobre lo político, este tema no admite dos opiniones.
(·) Profesor de
Derecho Internacional Penal experto en combate al narcontráfico y lavado de
activos.
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