LA VIDEOCONFERENCIA COMO MEDIO PROBATORIO EN LOS PROCESOS PENALES INTERNACIONALES. PRIMER CASO AUTORIZADO POR EL URUGUAY.

LA VIDEOCONFERENCIA COMO MEDIO PROBATORIO EN

LOS PROCESOS PENALES INTERNACIONALES

Primer caso autorizado por el Uruguay

Por Dr. Carlos Alvarez Cozzi (·)

I) Importancia de las nuevas tecnologías de la información como

medio probatorio internacional.

Con el desarrollo creciente de las comunicaciones, internet y otros

medios electrónicos, ha irrumpido en el mundo del Derecho un nuevo

instrumento probatorio que merece toda la atención y naturalmente

necesita de la correspondiente regulación, que es la videoconferencia.

Desde hace ya algunos años nos encontramos inmersos en la

denominada sociedad de la información, reveladora de numerosos

cambios fruto, fundamentalmente, del vertiginoso desarrollo e

implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la

información (en adelante NTICs). (Llorente Fernández, citado por Ana

Montesinos García en “La Videoconferencia como instrumento

probatorio en el proceso penal”, Marcial Pons, año 2009). A su vez, este

tema se inserta dentro de otro, el de las nuevas tecnologías en el

Derecho. Las mismas, reportan una gran utilidad en el ámbito de la

Justicia, tanto civil como penal. La modernización de la administración

de Justicia necesita imperiosamente de estas NTICs. Europa, en general,

asiste a este fenómeno, que ha llevado a que en varios tratados

internacionales vigentes, las nuevas tecnologías se encuentren previstas,

en particular, la videoconferencia, como instrumento probatorio, con

todo lo que ello supone tanto para el Estado que la solicita como para el

que la presta, con la consiguiente eficacia probatoria en el país donde se

desarrolla el juicio. En España, por ejemplo, este desarrollo generó la

necesidad de crear dentro del Ministerio de Justicia, la Subdirección

General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia. Por otra parte, el

desarrollo de Eurojust y Europol, en particular en materia criminal, ha

impuesto la utilización de este medio probatorio.

El combate interestatal a la delincuencia organizada transnacional, hace

imperiosa la utilización de estas nuevas técnicas de investigación y

probatorias penales, como también lo son los equipos conjuntos de

investigación, las entregas vigiladas y los agentes encubiertos. (Alvarez

Cozzi, Carlos, “La asistencia jurídica internacional y la extradición en

los delitos de narcotráfico y lavado de activos”, pág. 9, Editores

Asociados, 2001).

1

II) Concepto de videoconferencia.

La videoconferencia es un servicio multimedia de comunicación que

permite los encuentros a distancia en tiempo real entre distintos grupos

de personas que se hallan en diferentes lugares. Etimológicamente,

combina la noción de transmisión de imágenes y sonido a distancia

(video), y la de conversación o diálogo entre diferentes personas que se

expresan alternativamente (conferencia). (Ana Montesinos García, ob

cit y S. Garderes “El principio de inmediación y las nuevas tecnologías

aplicadas al proceso, con especial referencia a la videoconferencia”,

pág. 744).

Existen dos modelos de videoconferencia, nos enseña Ana Montesinos,

ob cit, a) la videoconferencia punto a punto, que es la que se realiza

estableciendo la comunicación entre dos únicos terminales y b) la

videoconferencia multipunto, es decir, aquella que se realiza

estableciendo la comunicación entre más de dos terminales, pudiendo

sus participantes mantener una conversación en una reunión virtual. La

misma autora nos dice que la comunicación por videoconferencia se

caracteriza por tres notas fundamentales: integral, (permite envío de

imagen, video, power point, sonido, música, multimedia, etc.),

interactiva (permite comunicación bidireccional) y sincrónica, (funciona

en tiempo real). Este desarrollo mundial ha sido posible por el avance de

las telecomunicaciones y el abaratamiento de las mismas.

2

III) Los instrumentos internacionales de asistencia penal

internacional y la videoconferencia.

1) Resulta fundamental pues, analizar en los instrumentos

internacionales que regulan la asistencia penal internacional, si

prevén las NTICs.

En dicho elenco encontramos:

A) La Convención de Naciones Unidas de 1988 sobre Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

, ratificada por nuestro

1

PENALES INTERNACIONALES.Los instrumentos internacionales sobre asistencia penal internacional y la

videoconferencia.

La reciente regulación del medio probatorio en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales

entre Suiza y México de 2005. “Revista

Ver del autor LA VIDEOCONFERENCIA COMO MEDIO PROBATORIO EN LOS PROCESOSLa Ley Uruguay”, Año III No. 11, noviembre de 2010.

2

Idem cita anterior.

país, prevé la recepción de testimonios y la declaración de

personas en el art. 7 numeral 2.a, pero no prevé las

videoconferencias como medio probatorio. Ello es lógico porque

en 1988 estas técnicas no se conocían como en la actualidad.

B) La Convención Interamericana de 1992, de Nassau, sobre Asistencia

Jurídica Mutua en Asuntos Penales

país, en los arts. 13 y ss. regula la declaración de personas tanto

en el Estado requirente como en el Estado requerido. Pero no

prevé la videoconferencia como medio probatorio, porque

tampoco en esa década las NTICs estaban desarrolladas.

C)

Penales entre los Estados parte del MERCOSUR de 1996

por nuestro país, regula en los arts. 17 a 20 lo atinente a

declaración de personas en el Estado requirente y en el Estado

requerido así como los salvoconductos, pero tampoco prevé las

videoconferencias. Pero como todos los medios de prueba que no

están prohibidos están permitidos, puntualmente en el marco de

este Protocolo se podría solicitar por la autoridad requirente el

procedimiento especial de videoconferencia y el juez rogado

tendría la resolución acerca de si lo presta o no. No obstante el

art. 13 establece claramente que los procedimientos especiales

solicitados que devenguen gastos deberán de ser solventados por

el Estado requirente.

D)

1996,

cooperación probatoria en términos generales, pero tampoco

regula en forma expresa la videoconferencia.

E)

Transnacional, ratificada por el Uruguay,

asistencia judicial recíproca, con buen elenco de medidas de

cooperación penal internacional, a tal punto que en el numeral

18 de ese artículo regula la videoconferencia. Establece que ello

será siempre que sea posible y compatible con los principios

fundamentales del derecho interno, cuando una persona se

encuentre en el territorio de un Estado parte y tenga que prestar

declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de

otro Estado parte, el primer Estado parte, a solicitud del otro,

podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia

si no es posible o conveniente que la persona en cuestión

comparezca personalmente en el territorio del Estado parte

requirente.

F)

2003,

suscrita, en el art. 46 , que regula la asistencia judicial recíproca

y en particular en el Nal. 18, se prevé la videoconferencia como

medio probatorio en términos similares a los expresados en la

Convención de Palermo.

, aún no ratificada por nuestroEl Protocolo de San Luis de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos, ratificadoLa Convención Interamericana contra la Corrupción de Caracas,ratificada por Uruguay, en el art. XIV prevé ampliaLa Convención de Palermo de 2000 sobre Delincuencia Organizadaen el art. 18 prevé laLa Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de Mérida,ratificada por nuestro país, acorde con el año en que fue3

IV) Conclusiones y propuesta.

Decíamos en nuestro anterior artículo de La Ley,

encontrábamos, pues, frente a un excelente medio probatorio para el

proceso penal, a fin que las distancias no impidan cumplir con el

principio de inmediación, entre el juez requirente y los actos procesales,

dando las debidas garantías a la persona que declara en el Estado rogado

así como al imputado en un proceso con elementos internacionales. Es

de esperar pues, que en los nuevos tratados que sobre la materia se

suscriban en el futuro se prevea siempre esta posibilidad de la

videoconferencia, naturalmente con las debidas garantías arriba

expresadas, así como que, en los ya existentes, los Estados requieran su

utilización y los rogados se apresten a cumplirlas sin que razones de tipo

técnica o económica dificulten contar con el uso de la tecnología

adecuada, que en realidad jamás podrán constituir una negativa fundada

a cooperar cuando las necesidades lo justifiquen. Porque los países deben

siempre cooperar con los demás en la lucha contra la delincuencia, por

ser éste uno de los fines esenciales del Estado.

la tecnología ha abaratado grandemente los costos de las

telecomunicaciones, por ello, y en aras de la más eficaz cooperación

jurídica internacional, entendemos que nuestro Estado, cuando sea

rogado, debe prestar la asistencia solicitada con el medio especial,

estando a la recíproca cuando ello lo solicite a autoridades del exterior

Esta solución va en la línea de los más modernos textos convencionales,

como el que referimos existente entre Suiza y México. Es este

precisamente el caso, y con pesar, de la respuesta negativa que muchos

de nuestros jueces debieron de dar ante pedidos de asistencia penal

internacional provenientes del extranjero, por carecer actualmente el

Poder Judicial uruguayo de presupuesto para afrontar los costos de una

videoconferencia, elevando los expedientes a la Suprema Corte de

Justicia para consultar sobre estas situaciones.

próxima ley de presupuesto quinquenal, en el inciso correspondiente al

Poder Judicial, debe incluirse en el rubro gastos, una partida para

atender este tipo de pruebas o establecer que en estos casos, ANTEL

4 que nosHoy en día el avance de.Creemos que en la

3

Idem cita anterior.

4

Idem cita anterior

deberá de prestar los medios técnicos para cumplirlas, al solo

requerimiento judicial fundado, emitido ante pedidos de asistencia

jurídica internacional provenientes del extranjero.

V. PRIMER CASO DE VIDEOCONFERENCIA AUTORIZADA POR

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE URUGUAY.

A fines de mayo de 2011, un pedido de prueba por videoconferencia

penal, concretamente, declaración de dos testigos domiciliados en la

Costa de Oro de Canelones, le fue solicitado por sede judicial ibérica al

Juzgado Letrado Penal de la Costa de 1er. Turno, en un proceso por

apropiación indebida, vía autoridades centrales, en el marco del

Tratado bilateral sobre Asistencia Penal Internacional suscrito entre

ambos países, el que por falta de medios materiales lo devolvió a la

Autoridad Central. Esta lo elevó a la Suprema Corte de Justicia

informándole que nuestro país está en falta al negar la prestación de

esta prueba, tan ventajosa para la cooperación y la Corporación, en

Acuerdo de primeros días del mes de junio de 2011, acaba de autorizar

la misma, ofreciendo correr con los costes materiales. Si bien el art. 12

del citado tratado permitiría sostener que se trata de un gasto especial,

exonerado de tener que soportarlo el Estado rogado, como excepción a

la regla receptada que obliga al Estado a correr con los gastos

corrientes del diligenciamiento, entendemos acertada la decisión de la

Corporación, toda vez que es práctica corriente entre los Estados del

primer mundo que éstos, cuando son rogados, presten la asistencia de la

declaración por videoconferencia, sin solicitar pago de costes, por no

considerarlo un gasto especial, en tanto que además quedan a la

recíproca para los casos inversos.

Seguimos pensando que ANTEL debe prestar la asistencia técnica sin

cargo al Poder Judicial, o de lo contrario, debería preverse en la Ley

presupuestal o de rendición de cuentas, la habilitación de un rubro a

tales efectos.

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Profesor Adjunto de Derecho Internacional Privado, FD, UDELAR.· Encargado de Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional de Uruguay